La catedrática María Martínez recuperó unas ordenanzas inéditas que regían la vega en tiempos de los Reyes Católicos
Muchos conocen la célebre edición de las ‘Ordenanzas de la Huerta’ que publicara el Ayuntamiento de Murcia el 23 de junio de 1849 e incluían los comentarios del erudito Pedro Díaz Cassou. Y otros tantos saben que la regulación de la vega murciana es cuestión mucho más antigua, perfeccionada con los árabes e impulsada desde tiempos de Alfonso X. Pero no tantos conocen que también los Reyes Católicos atendieron a esta cuestión, indispensable para el desarrollo social y económico. Acercarse a aquel tiempo no resulta complicado desde que la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, María Martínez, escudriñó el espléndido Archivo Almudí para recuperar unas ordenanzas inéditas, que luego publicaría con ese título y que arrojan no poca luz sobre sobre la cuestión.
La regulación de los riegos murcianos gozaba en la época de prestigio, como resulta probado por el interés que otras poblaciones pusieron en adoptar sus ordenanzas. Eso sucedió en 1495, cuando el Concejo de Antequera (Málaga) envió al escudero Lorenzo de Padilla a solicitar al murciano que le trasladara el texto legal.
Aquel mismo año se elaboraría una nueva regulación. Pero, ¿qué animó a los monarcas ordenarlo? Por la profesora Martínez conocemos que Diego de Agüera envió un informe al Consejo Real, donde daba cuenta a los Reyes «de los grandes daños y robos que en la huerta y sus señoríos de agua y otras cosas de la dicha ciudad se hacían».
El informe provocó que desde la Corte se advirtiera al corregidor que debía proteger a Diego de Agüera, así como a otros firmantes, para que no padecieran represalia alguna por denunciar la situación. Es más, con fecha 6 de junio, los Reyes comunicaban al Concejo que debía abordarse la redacción de unas nuevas ordenanzas, como literalmente puede leerse en el documento que atesora el archivo y que la catedrática recuperó en su día.
El corregidor, al frente
Para completar la tarea se acordó nombrar una comisión formada por 13 personas bajo la presidencia del corregidor. Entre ellos había miembros del Concejo y representantes de los regantes, entonces agrupados en el llamado Consejo de Herederos. Ilustres apellidos como los Puxmarín, los Riquelme, los Fuster o los Zambrana fueron algunos de los designados. Y también, como representante de la ciudadanía, figuraba Diego de Agüera.
A la primera, vistos los antecedentes de denuncias, no iría la vencida. De hecho, la falta de acuerdos obligó a reducir la comisión a solo 4 miembros, elegidos en teoría entre los ciudadanos y encargados de debatir con el corregidor y los miembros del Concejo. Finalmente, el 11 de agosto de aprobaban y remitían a la Corte para su promulgación que, en cambio, nunca se produciría debido quizá a los problemas y divisiones entre los murcianos. Por desgracia, en las actas del Concejo murciano no se transcribieron las nuevas normas, que se enviaron por duplicado a la Corte. Por ello, de momento, nos son desconocidas.
No sucede así con las que se aprobarían en torno a 1502 y de las que Martínez destaca que su cumplimento recaía en una cuadrilla de 40 labradores llamados juramentados de la huerta. Pero su trabajo no era sencillo. Ni la situación que atravesaba la huerta en aquella época. A la «estirilidad de la tierra» se sumaban los daños causados por las avenidas de agua, «la carestía, las contribuciones humanas y las imposiciones económicas para sufragar la guerra granadina».
Súmenle a eso que muchos hacían en al huerta y campos cuanto se les antojaba, ya en 1486, los encargados de guardar la vega advertían al Concejo de que «cada uno tiene osadía y atrevimiento de hacer lo que quiere» y, de no remediarlo, «la huerta se tala y nosotros quedaremos destruidos porque no tenemos de qué pagar la renta».
Una de las originalidades de esta cuadrilla de 40 hombres, curiosa policía rural, era que prestaban juramento (de ahí su nombre) y debían registrar ante el escribano a los infractores, lo que tampoco logró erradicar los delitos. La tala indiscriminada, el trasiego de animales por los cultivos y los robos figuraban como principales problemas.
Entre otras cuestiones, estas ordenanzas penalizaban el robo de fruta, agraz o rosas con 300 maravedíes o, si no se podían pagar, con 100 azotes. De igual forma era delito zarandear los arboles para que cayeran sus frutos o hurtar hierba, penado con 100 maravedíes o la exposición publica del condenado durante un mes y por el día en la ‘cadena’ de la plaza de Santa Catalina.
Azotes atados a un naranjo
De igual forma y a los acostumbrados 100 azotes, que se propinaban con el reo atado a un naranjo en caso de insolvencia, se penaba el hurto de leña, sarmientos de vides y cañas y hasta de paja. Refiere María Martínez que, en cualquier caso, la condena más severa la reservaban las ordenanzas para aquellos que se atrevieran a robar agua. Hasta 1.000 maravedíes. Ya entonces era el agua un bien tan escaso como preciado en estas latitudes.
«El agua ha estado históricamente enraizada en la mentalidad murciana y ha sido considerada como medio de subsistencia», escribe la profesora. Y para reforzar el argumento recuerda las palabras de un murciano, Diego de Villalón, datadas en 1493: «El que tiene agua tiene pan y vino y las otras cosas que se crían en el campo y huerta y vega».
Estas Ordenanzas inéditas eran tan precisas que incluso establecían castigos para quienes osaran apropiarse de materiales de construcción, entre los que se enumeraban ladrillos, piedras y «rojuela», una tipo de tierra así llamada por su color rojizo. Un complejo corpus jurídico que, en cambio, siempre se aplicó mal que bien.
Antonio Botías. La Verdad de Murcia. Artículo publicado el domingo 14 de enero de 2017.